CAMBIOS NECESARIOS

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DR. JORGE DÍAZ
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación

Díaz se ha transformado en una de las personas con mayor exposición pública del país, cobrando un especial protagonismo a partir de la inminente entrada en vigor de las modificaciones al Código del Proceso Penal.

Sus años de vida en el campo, en Fraile Muerto, le permiten hablar con propiedad de lo que allí ocurre. Sabe de primera mano el desastre económico que significa para una empresa agropecuaria el delito del abigeato, y conoce también los años de trabajo que se pierden junto con el animal.

Habla de “pérdida de valores”, y añade que la cárcel no es la solución a todos los problemas de inseguridad que padece el Uruguay como territorio que no se puede soslayar de lo que también vive y sufre toda América Latina, la región más insegura del mundo. Mientras piensa y confecciona protocolos de actuación para los fiscales, advierte que la separación de funciones que el Uruguay encara es “sumamente positiva”, y va en la línea de lo que el mundo lleva a la práctica en los tiempos modernos.

G.C. Partiendo de la ignorancia sobre el sistema en sí, ¿cuál es la función de la Fiscalía en todo este aspecto que hace a lo judicial, a partir de las modificaciones y el rol que va a empezar a jugar?
J.D. Para que se entienda, nosotros hoy tenemos un proceso inquisitivo, el juez lleva la investigación adelante y con ese producto el fiscal acusa o no, la defensa defiende y lamentablemente en Uruguay el mismo juez decide. Implica una vulneración importante al principio de imparcialidad objetiva que exige que el juez no haya interactuado con el objeto del juicio.

Los cambios llegan a partir de la reforma que hemos impulsado en estos 5 años, que consistió en crear el Servicio Descentralizado de Fiscalía General de la Nación y separarla del Poder Ejecutivo, hay que estar separado lo más posible del sistema político.

Dejamos de cumplir las actividades cuya finalidad era histórica, participar en divorcios, guardas, tenencias, sucesiones, incapacidades, trabajo que venía de la mano con la vieja concepción del fiscal. Así pudimos redireccionar recursos huma­nos y materiales para cumplir la función de investigar y perseguir criminalmente. Desde ahora, quien ejerce la acusación es el fiscal, un sujeto que es acusado y que se defiende, y el juez juzga. Ese triángulo empieza a funcionar desde la entrada en vigencia de la reforma y por ello la impor­tancia de la institución desde el 16 de julio cuando tengamos la responsabilidad de investigar y perseguir al criminal.

G.C. ¿Cómo se gesta este proceso?
J.D. A nivel mundial los procesos han dejado de ser inquisitivos. El mundo va en esa dirección. Obviamente si tienes un sistema acusatorio y un funcionario que investiga y acusa separado claramente del rol de juzgar, a un servidor público le tienes que asignar esa función. En este caso hay fiscales que cumplen ese rol. Se separan claramente los roles que se cumplen en un proceso penal. En definitiva es un funciona­rio del Estado más que del gobierno.

G.C. El código procesal también ten­drá sus modificaciones en Uruguay.
J.D. Primero la enorme responsabili­dad de llevar adelante las investigaciones asistidas por la Policía Nacional, Prefectura Naval o la dependencia que tenga compe­tencia. Ahora con la aprobación del nuevo estatuto de los fiscales y el Código del Proceso Penal, el Fiscal de Corte le puede dar instrucciones generales a los fiscales y a la Policía.

Si mañana tenemos un caso de un episodio de abigeato –estamos apro­bando un protocolo de seguridad rural-, sobre cómo proceder en cada caso. Es un procedimiento que tiene que seguir el fiscal y la Policía ante una denuncia de estas características de forma tal de ir colectando la prueba en forma profesional, en base a criterios criminalísticos, cuáles son los errores que en ese proceso no podemos cometer y los pasos a dar.

En seguridad rural hemos trabajado con el MGAP, con Federación Rural, con DICOSE, para ir dando formación a los fis­cales porque en realidad decimos que para investigar un hecho delictivo uno tiene que saber cómo funciona normalmente un ne­gocio. No puedo investigar abigeato si no sé cómo funciona normalmente la compra y venta de ganado, su tránsito, qué es una caravana, qué es una marca o señal, las cuestiones sanitarias en juego. Qué son las guías de tránsito, el procedimiento de con­fección, control y archivo de las mismas, la trazabilidad, son conceptos que muchas veces son ajenos a los fiscales porque en general, un 99% de estos, proviene de medios urbanos y no han tenido contacto con esa realidad.

Muchas veces, existe la tendencia entre operadores del sistema que, aquel que roba un animal lo hace por hambre o necesidad y está aquello del “pobrecito”, y no se entiende que estos delitos contra la propiedad en el caso del hurto y faena de animales, en realidad están abasteciendo muchas veces mercados cárnicos en forma ilícita con productos de origen ilícito. Existe esa tendencia equivocada y hay que tra­bajar mucho culturalmente sobre ello. Si se hurta una moto en el pueblo se castiga con severidad, pero ante el hurto del animal no se reacciona de la misma manera.

Es un tema cultural sobre el que hay que trabajar, y ahí la Federación Rural ha sido incluida dentro de los cursos de capa­citación junto con el Ministerio del Interior, porque hay que sensibilizar y capacitar. Y hacerle entender a ese fiscal citadino que además de la propiedad están en juego aspectos sanitarios que son tan o más im­portantes que la propiedad y que muchas veces no se toman en cuenta. O tener en cuenta que en la evaluación de un animal, muchas veces hay una carga genética que llevó años de desarrollo. Con la muerte se termina toda una inversión del productor de muchas generaciones.

Todo esto en aras de jerarquizar este tipo de investigaciones que no le hemos asignado históricamente la importancia que tiene. Sobre esto hay que trabajar mucho para sensibilizar a la gente, explicarle. El año pasado trabajamos muy bien y espe­ramos este año poder seguir así, con los grupos Bepra, MGAP, con Sanidad Animal, es la forma de hacer entender la gravedad del fenómeno y el impacto que tiene.

G.C. ¿Cuál es su opinión particular de la inseguridad que se vive a nivel país más allá de lo que pasa en el agro? Al estar en contacto con quien delinque, ¿dónde cree que radica el origen de la problemática?
J.D. Es un fenómeno social complejo. Mal de muchos es consuelo de tontos, pero es un fenómeno a nivel mundial, generali­zado en América Latina como una de las zonas más inseguras del mundo en este momento, al menos más afectada por la delincuencia. Nuestro país, pese a nuestra percepción, comparativamente con los demás países de la región si bien estamos peor que antes, seguimos estando no tan mal.

Si miramos una encuesta de opinión pública, hoy un 34% de la población entien­de que la inseguridad relacionada con la comisión de delitos es el principal problema que tiene el país. Con estos índices se mar­ca que la población percibe a la inseguri­dad como su principal problema.

Esta percepción se da por varias razo­nes, pero la principal y más importante es porque ha habido un incremento en el nú­mero de delitos de 1985 hacia acá en forma constante. Han aumentado los homicidios, rapiñas, hurtos, abigeato, la violencia de género. En los últimos dos años hay una meseta y en algunos delitos una tenden­cia a la baja, en otros se mantiene, pero evidentemente luego de ese crecimiento tan alto y constante durante los últimos años, es razonable y lógico que nosotros entendamos que ese sigue siendo nuestro principal problema.

El origen del delito creo que es un fe­nómeno multicausal. Hay causas sociales, culturales, económicas, problemas educati­vos, un conjunto de factores que inciden.

Vivimos en una sociedad consumista donde se generan nuevas necesidades y muchas veces se genera la necesidad pero no la posibilidad de satisfacerla. Asociado eso a un problema cultural de “lo quiero ahora y ya”, la cultura de ahorro se ha ido perdiendo. Para muchos, satisfacer esta necesidad a cualquier precio, es a través de la comisión de un delito.

A esos factores culturales le han ido incorporando violencia y es lo que preocu­pa. Han aumentado los delitos violentos, el número de rapiñas marca eso. Creo que hay un combo, también está la educación y sus factores, la familia y su composi­ción, los valores, todos inciden de alguna manera y si queremos resolver el fenómeno delictivo tenemos que atacar a todos. Hay que reprimir sin dudas, pero también pre­venir. Y la tarea de prevención no es sólo el patrullero en la esquina. Implica trabajar con la población para reconstruir valores que hemos perdido como sociedad.

G.C. También aparece allí el aumen­to de penas como una cuestión que se demanda desde la sociedad…
J.D. El aumento de penas por sí sólo nunca tuvo efecto inmediato. No soy un fundamentalista ni de aumentar las penas ni de mantenerlas.

Hoy en Uruguay tenemos una altera­ción de la dosimetría penal que hace que bienes jurídicos como la vida tengan una escasa protección frente a delitos como la propiedad. Un homicidio sigue teniendo una pena mínima de 20 meses de prisión, y tenemos rapiña de 4 años y copamiento de 8 años. Estamos todos locos. Hemos toqueteado tanto el Código que se nos han pasado estas cosas. Merece un análisis integral de todo.

Podemos aumentar las penas, vamos a aumentar el número de presos y debemos saber qué hacemos con esa población. Hoy tenemos 11700 privados de libertad entre adolescentes y adultos. Si no trabajamos con ellos para que cuando retornen puedan tener algún ámbito de hábito de trabajo o herramienta, estamos devolviendo a la sociedad delincuentes entrenados.

Algunos piensan que el problema termina cuando el delincuente entra a la cárcel. Y no, termina un problema y empie­za otro más grave que el anterior. No pre­conizo que haya que abrir las puertas, sino tener claro que hay que hacer un trabajo.

Nosotros estamos muy concentrados en nuestra labor que es el día antes, y ahí hay falencias. No le saco “la pata al lazo” en todo lo que hay que hacer acá. En las otras puntas hay mucho que hacer y no es responsabilidad nuestra, pero hay que hacerlo y manejarse con la eficiencia pero teniendo presente que no hay soluciones mágicas.
Lo que llevó años degradarse no se recompone en poco tiempo. Es así en los valores culturales, el respeto por el otro, hemos ido perdiendo valores que debemos recuperar, aunque no sé cómo.

HISTORIA DE CAMPO
Nació en Fraile Muerto, donde fue al liceo hasta 4º año. Hizo 5º y 6º de Secun­daria en Melo, la capital de su departamento natal. “Siempre estuve vinculado al campo por donde nací, y una de mis hermanas vive incluso en un establecimiento rural. Vinculado por siempre a la explotación ganadera, en una zona pecuaria donde en algún momento se plantó arroz pero más al lado de Brasil. Alguna experiencia con soja hubo, pero es esencialmente ganadera”, describe hoy, muy cerca de los 50 años de edad.
“Mi primer trabajo fue hacer guías de tránsito de ganado en los remates de la Liga de Trabajo de Fraile Muerto. Tenía 15 años, y era una changa de dos días al mes. Estaba Dutra, Victorica y algún otro martillero local que no recuerdo con precisión”. Aquellos años sembraron antecedentes de conocimien­to personal en un tema que hoy le toca de cerca, y sobre el cual puede hablar con propiedad.

LOS FISCALES, DESDE FELIPE HERMOSO AL URUGUAY DE HOY
Los fiscales son una institución que ha tenido distintas funciones a lo largo de la historia de la Humanidad, una especie de comodín tal como los define Díaz.
Nacen en el 1300 con los procurado­res del rey, con Felipe Hermoso en Francia. Con el estado absolutista los intereses del rey y el Estado se confunden y pasan a ser procuradores del Estado, y evolucionan a ser representantes de la sociedad.

En Uruguay han sido abogados del Estado en la época que estas instituciones no tenían abogados, función que ya no cumplen más desde hace tiempo. Fueron defensores de oficio -aunque parezca mentira, ilustra el Dr. Díaz- en la Constitu­ción del 30 y fueron acusadores públicos. “En algún momento histórico cumplíamos las dos funciones”. Ahí tenían un amplio espectro de funciones en el área civil vincu­ladas al concepto de las normas de orden público, las que son indisponibles, y se tenía el rol de dictaminante técnico en cada juicio donde se ventilaran estos asuntos. Ejemplo de ello eran los divorcios, tenen­cia, visita, guardia, etc. Y además eran los acusadores públicos, por si les faltaba alguna función en sus 24 horas. ·GC·

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